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Artículos para France
Este hub reúne todo lo necesario para cumplir con las obligaciones de facturación electrónica y e-reporting en Francia: la plataforma Chorus Pro para operaciones con el sector público, la implantación progresiva del mandato B2B, las obligaciones de e-reporting para flujos transfronterizos y B2C, y el papel de las plataformas de desmaterialización asociadas (PDP). Guías prácticas orientan a empresas de cualquier tamaño en cada fase del despliegue.
La reforma de facturación electrónica obligatoria en Francia entró en vigor el 1 de septiembre de 2026. Las grandes empresas y ETIs están obligadas a emitir facturas electrónicas, mientras que las PYMES y microempresas tienen su mandato pospuesto hasta 2027.
Francia ha implementado la facturación electrónica obligatoria a partir del 1 de septiembre de 2026, con un enfoque descentralizado que utiliza plataformas privadas aprobadas e interoperables. Esta medida forma parte de una tendencia más amplia hacia la digitalización fiscal en Europa, impulsada por la Directiva del IVA en la Era Digital (ViDA) de la UE.
Francia implementó facturación electrónica obligatoria el 1 de septiembre de 2026. El ministro de Finanzas afirma que dos tercios de empresas han adoptado plataformas compliant, pero datos independientes muestran preparación real del 20%. El gobierno no impondrá sanciones antes de 2027.
El 1 de septiembre de 2026, Francia implementa obligatoriedad de facturación electrónica. Todas las empresas sujetas al VAT deben recibir facturas electrónicas a través de plataformas aprobadas; grandes empresas y ETIs deben emitir electrónicamente. Solo 58% de las empresas han cumplido hasta ahora.
A partir del 1 de septiembre de 2026, los profesionales de la salud en Francia deberán cumplir con cinco cambios regulatorios simultáneos, incluyendo la obligación de recibir facturas electrónicas a través de una plataforma aprobada. Estos cambios también incluyen limitaciones en bajas por enfermedad, nuevas reglas de nomenclatura para medicamentos biológicos y restricciones de cobertura farmacéutica.
La reforma de facturación electrónica obligatoria en Francia entra en vigor el 1 de septiembre de 2026, pero solo alrededor del 20% de las empresas están realmente preparadas, en contraste con la cifra oficial del 58%, que se basa en un cálculo erróneo del alcance de la reforma.
Francia inicia su mandato obligatorio de facturación electrónica B2B el 1 de septiembre de 2026, enfrentando desafíos: solo 58% de empresas han elegido plataforma, las PYMES carecen de preparación y el gobierno incumplió su promesa de plataforma gratuita. Una brecha de datos activa erosiona la confianza institucional.
Francia implementa su mandato de facturación electrónica B2B en septiembre de 2026, pero enfrenta obstáculos críticos: la falta de una plataforma pública gratuita y preocupaciones sobre seguridad de datos tras un incidente en la administración tributaria. El 42% de empresas aún no ha adoptado plataformas certificadas.
Francia enfrenta una crisis política en torno al mandato de facturación electrónica del 1 de septiembre de 2026. Diversos partidos políticos y candidatos presidenciales exigen la suspensión o cancelación de la reforma, citando una brecha de seguridad en la DGFiP en junio como evidencia de la incapacidad estatal para proteger datos sensibles empresariales.
Francia mantiene su mandato de facturación electrónica obligatoria a partir del 1º de septiembre de 2026, a pesar de una brecha de seguridad reciente en la DGFiP que afectó a 678.000 individuos. No hay evidencia de que los incidentes de seguridad afecten la infraestructura de facturación electrónica.
La Ordre des experts-comptables defiende la reforma de facturación electrónica en Francia frente a presiones políticas, rechazando peticiones de suspensión. El mandato entra en vigor el 1 de septiembre de 2026 con sanciones pospuestas hasta 2027, alineándose con directivas de la UE e implementaciones previas en Italia y Bélgica.
Francia refuerza sus garantías de ciberseguridad en facturación electrónica antes del 1 de septiembre. El gobierno afirma que sus requisitos son "los más altos de Europa" e implementará auditorías continuas. Sin embargo, el 42% de las empresas afectadas aún no ha completado su registro en plataformas aprobadas.
